Durante una conferencia llevada a cabo el pasado martes 29 de septiembre, el secretario general de la ONU, António Guterres advirtió que América Latina está “entrando en una nueva y peligrosa fase” de hambruna.
“En varias situaciones de crisis humanitaria, se avecina el riesgo de hambruna. En América del Sur, 17,1 millones de personas padecen una grave inseguridad alimentaria, en comparación con los 4,5 millones de hace siete meses”, explicó.
Indudablemente el funcionario se mostró preocupado debido al desproporcional aumento de los últimos meses del hambre en América Latina ya que en tan solo siete meses se disparó un 263%, esto durante la pandemia del COVID-19.
Ante esto Guterres, pidió “evitar que el mundo en desarrollo caiga en la ruina, escalando la pobreza y la crisis de deuda. Precisamos un compromiso colectivo para impedir una espiral a la baja”.
En su discurso de apertura de la Asamblea General, llamó a establecer un compromiso que ayude a solventar diferentes áreas como la creciente crisis alimentaria mundial.
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Líderes de gobiernos y organizaciones internacionales se dieron cita el martes en una reunión virtual para analizar las mejores medidas que se pueden tomar para ayudar a los países de menos ingresos a afrontar los devastadores efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19.
Los participantes evaluaron el trabajo hecho tanto por los gobiernos como por los organismos internacionales con la intención de encontrar opciones viables que impulsen una respuesta multilateral a la crisis generada por la propagación del coronavirus.
Hasta el momento el mundo ha gastado once billones de dólares para responder a la emergencia. De esa cantidad, el 88% se ha desembolsado en los países de renta alta y sólo 2,5% en la economías emergentes o en desarrollo.
Al margen de los más de 32 millones de casos confirmados y el millón de muertos que ya suma, la pandemia se ha convertido en una amenaza al desarrollo y se prevé que empujará a unos cien millones de personas a la pobreza extrema y que 265 millones podrían padecer hambre y 12.000 personas morirían por esa causa. Además, la Organización Internacional del Trabajo estima que se han perdido 500 millones de empleos en lo que va de 2020.
La crisis ha aumentado las desigualdades y ha afectado desproporcionadamente a los grupos vulnerables de población.
El COVID-19 ha exacerbado el embate en el ámbito financiero al afectar las exportaciones, el turismo y el envío de remesas, dejando a numerosos países sin capacidad para cumplir con los pagos de sus deudas, independientemente de que el virus no los haya azotado directamente.
