Este lunes 14 de septiembre, la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet denunció que la cantidad de amenazas, agresiones e incluso asesinatos a periodistas y defensores de la información en México se han ‘disparado’ en el último año.
“Un número alarmante de periodistas y defensores de los derechos humanos siguen siendo intimidados, atacados y asesinados, en particular los que se dedican a proteger el medio ambiente y los derechos a la tierra”, expresó Bachelet refiriéndose concretamente a los casos de Colombia, Honduras, México y Brasil.
“En México, al menos cuatro periodistas y siete defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2020”, detalló; sin embargo las cifras oficiales del país indican que, hasta los primeros seis meses del 2020 se habían asesinado a 406 periodistas.
Al mismo tiempo que la ex presidenta chilena pidió a las autoridades gubernamentales de México que no permitieran que la vulnerabilidad de estos profesionistas se incrementara, celebró que se mejorará la efectividad del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en México.
“Hago un llamamiento a todos los gobiernos para que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, exponiéndolos a un riesgo mayor de sufrir ataques. Exhorto porque con determinación se investigue y enjuicie a los autores”, dijo.
En la apertura del 45 periodo de sesiones, la comisionada también llamó la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el aumento del uso de las fuerzas armadas en tareas civiles.
“En Brasil, así como en México, El Salvador y otros lugares, vemos un aumento de la participación del Ejército en tareas públicas y policiacas. Si bien sabemos del desafiante contexto de seguridad, todo uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser estrictamente excepcional y bajo supervisión efectiva”, señaló.
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Alertó además de los severos impactos socioeconómicos causados por la pandemia de Covid-19 en las Américas y de la urgencia por abordar las profundas desigualdades de desarrollo en la región. Advirtió que la crisis económica provocada por la pandemia y la existencia de sistemas democráticos frágiles, puede resultar en un peligroso cóctel que desencadene malestar social.
“La única forma de construir una recuperación sostenible es abordando las causas fundamentales de las desigualdades, la exclusión y la discriminación”, indicó. “También será fundamental fortalecer la democracia y salvaguardar los derechos humanos en respuesta a los crecientes niveles de violencia en la región”, apuntó.
La sesión del Consejo inició este lunes en Ginebra y durará hasta el 2 de octubre. Los países que serán examinados a profundidad son Nicaragua, Venezuela, Ucrania y Yemen, entre otros; y entre los informes incluidos como tema de agenda destaca el que aborda el uso de mercenarios privados en la gestión de la inmigración y fronteras.
También será expuesto un informe de seguimiento a la visita que realizó el Relator Especial sobre derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, a México del 2 al 12 mayo de 2017 y que fue presentado en la sesión 36 del Consejo.
El informe, con fecha del 27 de agosto, examina la situación entre octubre de 2018 y agosto del presente año.
“El Relator Especial resalta los numerosos esfuerzos realizados para proponer una ley que dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento. Sin embargo, estos esfuerzos han sido rechazados o no abordados en el Congreso, y el Ejecutivo no ha impulsado las propuestas para su tramitación prioritaria por el poder legislativo”, explica el documento.
“El Relator Especial muestra su decepción por la reiterada falta de progreso en la aprobación de una nueva Ley General de Aguas acorde a la reforma constitucional de 2012”.
Entre otros, el relator urge intensificar los esfuerzos para mejorar la financiación del sector, actualizar las normas de calidad del agua potable, introducir tarifas sociales para un acceso asequible, establecer disposiciones jurídicas que prohíban la interrupción del servicio para los más vulnerables, impulsar investigaciones independientes sobre el impacto de las actividades industriales, y profundizar la cooperación con los países vecinos en la esfera del agua.
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