Al presentarse las irregularidades en las asignaciones de los pedidos de carbón por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con las denuncias de productores inconformes, se agrega la preocupación de los ecologistas de la Región Carbonífera y de la organización de Familia Pasta de Conchos ante la evasión y falta de los programas para controlar el impacto ambiental y la seguridad de las operaciones.
“Solo la vigilancia y la denuncia de irregularidades que hemos sostenido desde la tragedia nos permitió en alguna medida respetar la seguridad de las reglamentaciones y disminuir siniestros, pero hoy a los pocos inspectores los tienen trabajando, sin siquiera presupuesto para gasolina”, apuntó Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos.
Fidencio Ortiz, jornalero jubilado que trabajó por cincuenta años en las minas, afirmó que “reparar los terrenos de los tajos acabados nunca ha sido una preocupación y el gobierno se hace el ciego, por eso aquí tanto desastre por donde se mire”.
Su compañero Jorge González, aún activo, agrega que solamente en los años posteriores “a lo de Pasta”, las autoridades del trabajo pusieron mayor atención a las normas de seguridad “pero al tiempo se fue volviendo a lo mismo ya que encontraron la forma de omitir la vigilancia y ahora no hay accidentes graves porque casi no hay trabajo”; todos sabíamos que antes los inspectores venían y se arreglaban con los patrones o se iban primero a las minas del GAN, porque ahí los atendían bien bonito”, expresó Fidencio.
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A su vez, Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, expresó: “Lo único que interesa es quién controla el negocio y no hemos escuchado a ninguna autoridad que hable de cómo se va a vigilar la operación legal de las minas y pozos’’
Añade Auerbach que cuando la Secretaría del Trabajo identifica minas o pozos con alto riesgo para los trabajadores, “no puede cancelar, ya que es facultad de la Subsecretaria de Minas y de Protección Civil municipal, pero Minas no tiene presupuesto ni inspectores, y porque solo actúan cuando una situación grave se suscita, como la muerte de un obrero”.
Indica que, las autoridades correspondientes no quieren dar a conocer la lista de las empresas a las cuales se les brindan los pedidos y por lo que comenta Auerbach, muchas de ellas tienen un historial grave de inseguridad ya que cuentan con accidentes mortales y datos falsos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Se tiene que en los últimos diez años hay registros de un total de 87 percances mortales y que se ha hecho el acercamiento a las familias y se tiene comprobado que las empresas registraron a los trabajadores en el IMSS con información apócrifa, recordando lo sucedido en Pasta de Conchos, se registran después de fallecidos y se desentienden de su responsabilidad.
Tal es el caso del ejemplo que citó de Fernando Mendoza y familia, que en ese mismo período de tiempo, vendió casi 900 mi toneladas, muchas de ellas extraídas de forma ilegal, o también la familia Yutani, que ha vendido más de 150 mil toneladas de pozos que luego abandona sin control.
La organización coincide en que es la responsabilidad de las autoridades federales , estatales y municipales las que establezcan las formas y los mecanismos de vigilancia, control y sanción para la Región Carbonífera para evitar una nueva etapa de accidentes, abusos y graves daños ambientales.
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